Advierten que decreto que penaliza la "desinformación" vulnera la Constitución

El exmagistrado Baldivieso y el activista Albarracín coincidieron que el Gobierno no tiene competencias para limitar y restringir derechos.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional, Marco Baldivieso y el activista de derechos humanos, Franco Albarracín, advirtieron este lunes que el decreto supremo 4231 vulnera la Constitución Política del Estado, la disposición establece que las personas que inciten al incumplimiento de la norma o difundan información que afecte la salud pública y genere incertidumbre en la población serán denunciadas ante el Ministerio Público.

El gobierno de la presidenta Jeanine Añez aprobó este pasado 7 de mayo el decreto que en su disposición adicional modifica los decretos supremos 4199 y 4200 con el siguiente texto: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o de cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Baldivieso y Albarracín coincidieron que el Órgano Ejecutivo “no tiene competencias, ni facultades para limitar o restringir derechos constitucionales”, porque el artículo 109 de la Constitución Política del Estado establece claramente el “principio de reserva legal”.

El exmagistrado precisó que cualquier limitación o restricción a los derechos humanos debe nacer mediante ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no en el Ejecutivo, como pretende establecer el Gobierno, el de restringir derechos fundamentales ligados a la libertad de prensa, de expresión e información.

Albarracín miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en la misma línea, preguntó ¿Estos artículos están conforme a la Constitución y a los tratados internacionales?, la respuesta es simple: no, para nada, desde ninguna perspectiva”.

Detalló que si bien es posible restringir o limitar derechos, éstos deben enmarcarse en los estándares internacionales de derechos humanos, como en el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Acotó que es preocupante que el Gobierno de transición de manera recurrente use los decretos supremos “bajo la excusa de combatir la desinformación, para entrar en una lógica de persecución política, esto nos debería preocupar a todos”, dijo.

Baldivieso insistió que es una disposición que no se enmarca de acuerdo a la Constitución”, porque Bolivia se circunscribe en un estado democrático y de derecho, por lo que es fundamental garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos

“No se puede limitar el acceso a la información o prácticamente prohibir a los ciudadanos estar expresarnos y emitir opiniones libremente”, bajo el argumento de precautelar la salud y la vida de la población, no obstante, “no creo que con la libertad de expresión se atente contra la salud”, sostuvo.

Explicó que para establecer restricciones en materia de derechos, el Gobierno lo debe hacer de manera “legal y legítima”, en el marco de las garantías constitucionales, derechos humanos y en cumplimiento del test de proporcionalidad, es decir, que las restricciones pueden ser a través de una ley.

Sin embargo, la ley que pretende limitar derechos debe cumplir requisitos como el principio de legitimidad, debe existir un fin legítimo, algo que protege la propia libertad de expresión, asimismo, tiene que ser necesaria, es decir, que hay una necesidad mayor al bien establecido.

En este caso, “ni siquiera se cumple el primero” que exige la Convención Americana, observa Albarracín, al afirmar que la norma puede ser sometida a una consulta de constitucionalidad. 

El activista cuestionó las razones por las que el Gobierno “está con tanta libertad para emitir normas” que apuntan a limitar derechos durante la pandemia del coronavirus y en ese marco sostiene que existe una “especie de estado de excepción atípico”, porque hay un “limbo jurídico”.

Citó que si bien existe desinformación que se genera desde diferentes sectores y ciudadanos comunes, hay estrategias para hacer frente a las noticias falsas, sin que esto represente una “persecución”.

Preocupación en los periodistas

El Decreto modificatorio, causó alarma en varios periodistas quienes a través de las redes sociales y preocupación porque amenaza a la libertad de expresión e información instituidas como Derechos Fundamentales en la Constitución Política del Estado.

“No solo preocupa, es riesgoso. Qué es eso de que “las personas que inciten el incumplimiento del DS o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística (…), que pongan en riesgo la salud, generando incertidumbre…serán pasibles a denuncias”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista Nancy Vacaflor.

El expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, plantea como una alternativa articular la regulación prevista en el parágrafo II del artículo 103 de la CPE, que obliga a los emisores de contenido difundido a través de los medios de comunicación, a los principios de veracidad y responsabilidad, dejando la regulación en manos de dos actores: los órganos de autorregulación de los periodistas y los jurados de imprenta, según dijo en una entrevista con Erbol.

Página Siete

Decreto desata críticas respecto a la libertad de expresión; Gobierno defiende la norma

El Decreto Supremo 4231 desató fuertes críticas de distintos sectores, puesto que advierten con proceso penal a quien difunda información que las autoridades consideren que pone en riesgo a la salud pública.

Las críticas advierten que la norma amenaza el derecho a la información y la libertad de expresión, mientras que el Gobierno defendió el Decreto y dijo a los periodistas que estén tranquilos.

Dicha norma señala que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo (sobre la cuarentena) o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

El periodista y candidato presidencial, Carlos Mesa, expresó su preocupación por del Decreto 4231. Consideró que es “una limitación de un derecho fundamental: el derecho a la información que está contemplado en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que está contemplado en la Constitución”.

Mesa señaló que la decisión del Gobierno “es autoritaria y qué vulnera derechos constitucionales fundamentales en nuestra sociedad”.

El diputado del MAS, Édgar Montaño, dijo irónicamente que Jeanine Añez dio como “regalo” ese Decreto a los periodistas en su día, que era el 10 de mayo. Señaló que esa norma se constituye en una censura, que atenta a la libre expresión y la democracia.

El legislador sostuvo que el Decreto no tiene límites. Explicó que al mencionar en su texto “información de cualquier índole”, la norma deja a decisión de autoridades catalogar como sancionable la información que “afecta a su régimen”.

Advirtió que también la norma amenaza la libertad de expresión de escritores y artistas. Criticó que mientras no hay sanción a quienes usan vuelos oficiales como “taxis”, se pretenda penalizar a la información.

Asimismo, Marcelo Morales, ejecutivo de los trabajadores de la prensa de Tarija, manifestó que se entiende la intención de luchar contra la desinformación, pero tampoco se permitirá que se atente contra la libertad de expresión.

“El gobierno anterior ya intentó atentar contra este derecho y judicializar el ejercicio de la profesión, por tanto, los trabajadores de la prensa se declaran en alerta permanente para precautelar este derecho humano”, agregó.

El Gobierno se defiende

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, llamó a los periodistas a que estén tranquilos, porque para ellos rige la Ley de Imprenta y no el Decreto. Dijo que quienes deben estar preocupados son quienes tratan de confundir a la población y enfrentar al país, con mensajes en redes sociales.

“Tienen que cuidarse esos ciudadanos que están tratando en las redes sociales de confundir, enfrentar, esos son los que deberían estar preocupados, los que no quieren enfrentar y dividir a los bolivianos. Los periodistas que estén tranquilos porque ellos están sometidos a la ley de Imprenta”, dijo.

Advirtió que se está malinterpretando el Decreto. Aclaró que la norma se emitió debido a que “personas que militan en partidos” están tratando de confundir a la población, en un momento que se debe cuidar la vida.

Erbol

Asociaciones de periodistas rechazan y piden eliminar el DS 4231

La Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron este lunes y pidieron la eliminación del decreto 4231 promulgado por el Gobierno “debido a que establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión”.

En un pronunciamiento público, dichos organismos aclararon que “un decreto supremo, de inferior rango jurídico, no puede vulnerar los artículos 21.5, 106 y 107 de la Constitución, que fija las condiciones de validez del resto del ordenamiento jurídico y de las resoluciones y decisiones de las autoridades públicas y que garantiza el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión”.

Según expresaron en su comunicado, el decreto también vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El DS 4231, aprobado el 7 de mayo, señala que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo (sobre la cuarentena) o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, llamó este lunes a los periodistas a que “estén tranquilos”, porque para ellos rige la Ley de Imprenta y no el Decreto. Dijo que quienes deben estar preocupados son quienes tratan de confundir a la población y enfrentar al país, con mensajes en redes sociales.

Para la ANPB y APLP, el decreto no solo es inconstitucional, inconvencional e ilegal, sino que puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado”.

Tampoco es -continúa el comunicado- un argumento válido, como ha señalado el Gobierno, que los periodistas están al amparo, ante esta draconiana restricción a la libertad de expresión, de la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925, porque el artículo 1 de esta norma, con gran claridad expositiva de sus creadores, señala que no se trata de una ley exclusiva para los periodistas, sino que “todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.

Es decir, dice el texto, “la sabia Ley de Imprenta consagra el derecho de los bolivianos a ejercer el derecho a expresarse.

Ambas asociaciones agregaron que “en el tercer periodo del expresidente Evo Morales también rechazamos el intento de penalizar el derecho a la libertad de expresión, cuando se pretendió, sin fundamento, aprobar un nuevo Código Penal que hubiera arrasado con el derecho a la liberta de expresión y con nuestras normas legales y de autorregulación”.

“Pedimos al Gobierno, en consecuencia, que se elimine de la economía jurídica nacional, no solo esta disposición transitoria del DS 4231, sino toda norma e inclusive cualquier avieso intento de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, que es la piedra basal de la democracia”, finaliza el pronunciamiento.

El Gobierno dice que los periodistas están exentos del DS que penaliza la desinformación en el país

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó la mañana de este lunes que los periodistas están exentos del DS 4231 que sanciona penalmente la difusión de la información impresa, escrita o artística que genere incertidumbre en la población. La autoridad aclaró que la norma no fue aprobada ni será ejecutada contra periodistas porque el gremio se somete a la Ley de Imprenta.

Por su parte, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su preocupación por el decreto e indicó que éste vulnera la libertad de expresión.