Violencia doméstica, embarazos no deseados y feminicidios se registran en la cuarentena

Una investigación del Fondo de Población de la ONU, junto a Avenir Health, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y la Universidad Victoria, de Australia, revela que la violencia de género aumenta en un 20% durante los períodos de encierro, por lo que habría 31 millones de casos de abusos adicionales para un confinamiento de seis meses.

La violencia no se detiene pese a la emergencia sanitaria mundial. En medio del confinamiento que cumplen los países de Latinoamérica, muchas son las consecuencias que recaen sobre las mujeres. Datos de autoridades establecen el incremento de la violencia doméstica, embarazos no deseados y, como en Bolivia, cifras altas de feminicidios.

En medio del encierro las niñas, adolescentes y mujeres sufren con la permanente presencia de su agresor. Hoy el Fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó que se dispuso detención preventiva para un hombre de 65 años acusado de violación a una menor de 12 años, hija de la dueña de casa donde vive, en la zona Villa de la Cruz de la ciudad de La Paz.

Así se van registrando a lo largo de este tiempo de cuarentena en Bolivia y demás países de la región las denuncias de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, explicó a medios internacionales cómo el aislamiento ha disparado la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero.

“Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al Covid-19”, afirmó Mlambo-Ngcuka.

En América Latina, en promedio una de cada tres mujeres ha padecido violencia física o sexual “en una relación íntima a lo largo de su vida y una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima”, señala la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Pero hoy, los victimarios ya no necesitan buscar mecanismos para aislar a la víctima, porque la tienen dentro de su domicilio.

Una investigación del Fondo de Población de la ONU, junto a Avenir Health, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y la Universidad Victoria, de Australia, revela que la violencia de género aumenta en un 20% durante los períodos de encierro, por lo que habría 31 millones de casos de abusos adicionales para un confinamiento de seis meses.

En el caso de Bolivia, la abogada Jessica Echeverría informó que de acuerdo a datos del Ministerio Público, entre el 22 de marzo y 3 de mayo (en plena cuarentena) se registraron 1.743 denuncias, de las cuales 1.370 corresponden a “delitos de violencia familiar y 94 a violencia contra menores”.

De ese total 663 corresponden al departamento de Santa Cruz, 366 a La Paz, 176 a Chuquisaca, 162 a Cochabamba, 125 a Beni, 120 a Potosí, 55 a Oruro, 46 a Tarija y 30 a Pando.

La alarma se acentúa porque en lo que va del año ya se registraron 41 feminicidios, 11 tuvieron lugar durante este tiempo de cuarentena.

“De las 41 autopsias realizadas por hechos de feminicidio, 11 corresponden al periodo de la cuarentena total dispuesta como medida preventiva por el coronavirus. La mayor incidencia se registra en el departamento de La Paz con 12 casos, seguido de Santa Cruz 9, Cochabamba 6, Oruro 3, Potosí 3, Chuquisaca 2, Beni 2, Tarija 2 y Pando 2 casos”, explicó Flores, informa un comunicado del Ministerio Público.

Otro de los hechos que se registran durante la cuarentena por el Covid-19 es la incapacidad de obtener anticonceptivos por lo que la ONU establece del registro de unos siete millones de embarazos no deseados en apenas los próximos meses a nivel mundial.

“Nuestras prioridades se centran en fortalecer los sistemas de salud, procurar y entregar suministros esenciales para proteger a los trabajadores de la salud, garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y violencia de género, y promover la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad”, asegura la organización en un comunicado.